Comunicado de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en relación a la reforma de la Ley del Aborto

Comunicado de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en relación a la reforma de la Ley del Aborto

Hace justamente un año, un gran número de Asociaciones de Mujeres, de profesionales  y los partidos políticos de la oposición nos movilizamos en contra de la reforma de la Ley  de plazos existente desde 2010, por una más que restrictiva Ley de Supuestos propuesta por el Partido Popular.  Gracias a la presión ciudadana, encabezada por las mujeres, pero también por sectores profesionales como el nuestro, dicha reforma fue paralizada.

Ahora el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición de Ley para exigir el consentimiento parental para las jóvenes de entre 16 y 18 años y mujeres con discapacidad que deseen acceder a un aborto legal y seguro, justificando esta medida en una supuesta mayor protección de estos dos grupos de mujeres.

Sin embargo, Naciones Unidas recomienda que para mejorar la protección de las mujeres, los Estados deben eliminar los obstáculos en el acceso a un aborto legal y seguro.

Exigir este consentimiento, trae consigo con toda probabilidad, un aumento del número de adolescentes  que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar, y hasta su vida. Asimismo, sitúa a las menores que puedan ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas que ostenten la patria potestad, en una situación de especial indefensión.

Por todos estos factores, nos parece un atentado contra la salud mental de esos dos grupos de mujeres, y  un aumento de los factores de riesgo para su integridad psíquica.

Es por eso que la Asociación Española de Neuropsiquiatría – Profesionales de Salud Mental nos oponemos a esta Proposición de Ley con más fuerza si cabe que con la que nos resistimos a la anterior, que afortunadamente no vio la luz, porque nos parece que se ceba en las mujeres más indefensas y desfavorecidas, unas por su grupo de edad  y otro por sus condiciones de discapacidad.

Esta nueva propuesta, sin más argumentos que los puramente electoralistas, nos parece,  además de un nuevo atentado contra la libertad de las mujeres, una discriminación contra las jóvenes y las discapacitadas, dado que la mayoría de edad sanitaria en España es de 16 años, pudiendo a partir de esa edad, decidir sobre una operación a vida o muerte. Mucho antes de esa edad las mujeres pueden decidir sobre aspectos tan cruciales sobre su vida como contraer matrimonio o  mantener relaciones sexuales.  Resulta sorprendente que una mujer de 16-17 años no pueda decidir sobre si desea o no tener un hijo y se le obligue legalmente a ser una madre competente a esa misma edad.

Si se aprueba la reforma, las adolescentes y las mujeres discapacitadas no podrán acceder por si mismas a un aborto legal y seguro. Esta diferencia, que no está basada en criterios médicos, constituye un elemento de discriminación de género, con posibles consecuencias para su salud.

La Organización Mundial de la Salud ha destacado que para proteger a las menores, las políticas y las prácticas deben alentar, pero no exigir, el consentimiento de los padres. También ha destacado que el requisito de autorización de los padres viola el derecho a la privacidad y el acceso de las mujeres a la atención médica sobre la base de la igualdad de hombres y mujeres.

Según los datos disponibles, son aproximadamente 400 mujeres entre 16 y 17 años las que alegan para interrumpir el embarazo diferentes razones para no pedir el consentimiento paterno o tutelar (riesgo de violencia de género, abusos sexuales, desamparo familiar, familias desestructuradas, etc.), situaciones frecuentes en la sociedad española aunque sean ignoradas por el PP. Son precisamente estas mujeres, las más vulnerables y desamparadas las que quedarían indefensas si el plan propuesto por el PP para contentar a una parte de su electorado consigue aprobarse,

Con respecto a las mujeres con discapacidad, los Estados tienen la obligación de velar porque se efectúe la consulta apropiada directamente con la persona con discapacidad y no permitir que el consentimiento sea otorgado por terceras personas que actúen en su nombre.

Consideramos como Asociación de Profesionales de Salud Mental que para proteger a las mujeres y no vulnerar sus derechos, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular deben respetar y cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas.

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