4.4. Relaciones con la Comisión de Asistencia
LAS CONDICIONES DEL INTERNAMIENTO PSIQUIATRICO Y LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
Aportación a la Mesa Redonda «Derechos Constitucionales y Trastornos Mentales», organizada por la Asociación Española de Neuropsiquiatría (Comisión de Legislación), celebrada en el Aula del Consejo General de Colegios de Médicos, de Madrid, el 10 de junio de 1983.
Participo en esta Mesa Redonda en tanto que miembro y, en parte, portavoz de la Comisión de Asistencia de la Asociación.
En la primera reunión de dicha Comisión (10 octubre 81) partimos de constatar el carácter arcaico y asilar de nuestra asistencia psiquiátrica, en una situación general de estancamiento y bloqueo. Estimamos oportuno entonces proponer a la Junta Directiva de la Asociación que, en el tema asistencial, orientara sus actividades en dos niveles estrechamente vinculados: por una parte, desarrollar una actitud beligerante y de denuncia de todos los casos de degradación y violencia institucional que, genéricamente, podrían definirse como «situaciones vergonzantes» y, por otra, promover y favorecer las transformaciones y los cambios que desbloqueen el estado actual de la asistencia (1).
La degradación y violencia institucional que definen las situaciones vergonzantes son características de los Centros de internamiento, aunque no exclusivas de los mismos, y podemos decir, sin temor a exagerar, que tal es el estado de la mayoría de nuestras instituciones psiquiátricas.
Aunque lo referido es evidente, no siempre resulta fácil de mostrar. Lo que ocurre en el interior del asilo está celosamente guardado por los muros que le rodean, que, entre otras cosas, para eso están. Su carácter sociológico de institución total implica la total escisión entre el mundo interno y el exterior.
Ocasionalmente, acontecimientos dramáticos del interior son capaces de romper los muros y salir al dominio público: muertes por asfixia y quemaduras de internados que se encontraban maniatados, protestas de familiares por malos tratos y lesiones a internos, uso de abscesos de fijación, o bien las protestas y denuncias del personal por las precarias condiciones de vida de los asilados o por las carencias de instrumentos asistenciales mínimos. De hecho, se han producido repetidos escándalos por el mero hecho de que la prensa relatara lo que ocurría cotidianamente en la institución y existe un no despreciable número de profesionales de la Salud Mental del país, itinerantes, represaliados y reputados de peligrosos por la administración por el mero hecho de denunciar y no transigir con esas condiciones de vida y trabajo.
Por otra parte, informes y encuestas como las realizadas por la Coordinadora de Auxiliares Psiquiátricos (2), o la efectuada para la Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos (3) o, más recientemente, los datos manejados en las Jornadas de Estudio sobre Asistencia Psiquiátrica Provincial (Alicante, enero de 1983) muestran los graves problemas de financiación, las deficiencias de infraestructura material de los Centros, las carencias de personal auxiliar tanto en número como en cualificación, etc., etc.
A nosotros nos ha interesado conocer la opinión al respecto de asilados y ex-asilados. De un modo más o menos oficial, recabando la participación de alguno de ellos para relatar su experiencia de internamiento, como se hizo en las Jornadas de Psicopatología Institucional (Oviedo, mayo de 1981), y a título personal a través de una encuesta dirigida, por una parte, a quienes vivieron como internados el proceso de transformación de tres manicomios del país a principios de los años setenta y, por otra, a un grupo más reducido que, en breve espacio de tiempo y más recientemente, han recorrido, como pacientes, varios hospitales psiquiátricos del país. En todos los casos el manicomio se define por la restricción de libertades (encierro, limitación de movimientos, no poder hablar con el médico, no poder salir a tomar un café o a comprar tabaco, limitación de visitas, estricta segregación sexual, etc., etc.), por los malos tratos (desde actitud impersonal, autoritaria y distante del personal, golpes, sujeción mecánica, uso de medicación inyectable o T.E.C. sin justificación clínica, etc., etc.) y por las carencias de tipo material (comida escasa y mal condimentada, «una toalla para todos atada en un clavo», «no hay bancos en el patio»…, miseria en último extremo).
Todos estos hechos, susceptibles de análisis en una perspectiva asistencial, administrativa o política (origen social de los asilados), son, en primera instancia, un problema jurídico en tanto que significan violaciones sistemáticas y masivas (afecta a miles de personas) de preceptos constitucionales (entre otros, artículos 15, 17, 43 y 45).
Cuando Bercovitz analiza la incidencia de la Constitución en la protección jurídica de los enfermos mentales, concluye aseverando que… «los enfermos mentales continuarán pues básicamente en la situación actual de marginados sociales» (4). Nosotros, a pesar de las posibilidades de cambio en la situación jurídica de los enfermos mentales contenidas en la Constitución o en las modificaciones en curso del Código Civil o del Código Penal, somos fundamentalmente pesimistas respecto a las posibilidades de que de un modo rápido vayan a modificarse situaciones como las descritas:
— En primer lugar es llamativa la escasa sensibilidad social respecto a los problemas referidos. Incluso colectivos e instituciones de vanguardia en la defensa de los derechos humanos se preocupan y denuncian lo que ocurre en la URSS o en Uruguay al respecto, pero parecen ciegos y sordos a lo que acontece en nuestro país. Se ha llegado incluso a proporcionar una visión deformada, falsa, de la situación: recuerdo un reciente artículo editorial de EL PAIS (elemento importante de la conciencia colectiva de nuestra progresía) sobre la psiquiatría como represión, que proporciona una imagen idílica de la situación en España, en virtud del desarrollo de una «psiquiatría humanista» que ellos sabrán en qué consiste.
— En segundo lugar, desde las instancias jurídicas las posibilidades reales del cambio hay que contemplarlas desde una profunda paradoja de la situación actual: Si pavorosa (5) es la situación de la mayor parte de los asilados privados de libertad sin garantías jurídicas, más pavorosa resulta la situación de los que están en el manicomio precisamente por orden judicial (en estudio y observación, o en virtud del artículo 8 del Código Penal) y sobre los que se descarga la violencia institucional del modo más descarado y brutal (restricción absoluta de movimientos, encadenamiento a radiadores, etc.). Esa condición judicial del internado en la práctica y de hecho es condición de mayor degradación y violencia, y en absoluto implica protección jurídica de derechos y libertades (6).
Las dudas en este plano nos vienen desde unas cuantas preguntas simples, y desde la necesidad evidente de que todo internamiento compulsivo sea dictado por el juez. ¿Servirá para lo mismo? ¿Será posible modificar el número, la dedicación y la práctica de los jueces? La relación entre jueces y psiquiatras, ¿va a poder trascender el nivel meramente burocrático de oficios, informes y sellos que se intercambian al margen y sobre el asilado?
— En tercer lugar, en el plano del personal asistencial, es evidente que son sanitarios (psiquiatras, psicólogos, cuidadores) quienes mantienen esas situaciones y quienes ejecutan y justifican técnicamente la violencia. En los contados intentos de transformación habidos en el país, la mera humanización del asilo se ha tenido que enfrentar a notables resistencias (no han sido pocas las veces que los intentos se han abortado), y de ellas no han sido las menores las ofrecidas por el personal vinculado al manicomio, expresión de intereses que van desde los meramente económicos (hay manicomios que son negocio para sus dueños y administradores), intereses corporativos y hasta la propia institucionalización del personal tratante, los años de práctica manicomial que incapacitan para entender y aceptar los cambios.
Una anécdota reciente es expresiva de lo que decimos: un grupo de responsables técnicos de un manicomio del Sur, en visita a otra institución vecina, mostraron gran asombro y alarma porque todos los internos del Centro visitado usaban cuchillo y tenedor en la mesa.
— Por último, y desde el plano político y administrativo, no son mayores las razones para el optimismo. Las Diputaciones franquistas decidían construir verjas de cerramiento para acabar con los tímidos intentos de apertura, algo que también saben hacer Diputaciones socialistas (por ejemplo, Valencia). No es infrecuente la indicación de internamiento dictada por el diputado visitador o el presidente de turno, al margen de que esté médicamente justificado, por razones de orden público, sociales o de mero amiguismo.
Existe una falta de alternativa política coherente a la situación de los hospitales psiquiátricos, y en el campo global de la Salud Mental, con iniciativas parciales, puntuales, a veces meramente testimoniales, contradictorias y si se apunta algo mínimamente sistemático es el bloqueo y el retroceso de experiencias de cambio iniciadas no hace muchos meses (la renovación de los servicios psiquiátricos de Jaén y Málaga parece que va a seguir en el mismo camino, la misma involución que ya ha ocurrido en Sevilla).
En la respuesta dada por el ministro Sr. Lluch a la interpelación parlamentaria del senador Sr. Pardo se mantiene que «la hospitalización por motivos psiquiátricos nunca constituyó prestación obligatoria dentro de la S. Social». Es decir, se mantiene la interpretación de la ley de la administración franquista y de los sucesivos gobiernos de UCD, que siendo inconcebible políticamente, jurídicamente es contradictoria con reiteradas sentencias del Tribunal Central de Trabajo que condenan a los órganos gestores de la Seguridad Social al reintegro de los gastos por internamiento psiquiátrico de sus beneficiarios.
Va a seguir prevaleciendo, pues, una decisión administrativa sobre sentencias firmes de los Tribunales. Se trata de una situación de indefensión y de inseguridad jurídica de los ciudadanos. Nos preguntamos si no será posible obligar al gobierno a que cumpla la ley, en la interpretación última de la misma que corresponde a los Tribunales, e insistimos en este punto porque son precisamente las limitaciones presupuestarias y financieras, expresadas en medios obsoletos y escasos, escaso personal y de baja cualificación, etc., etc., las que condicionan las situaciones vergonzantes como las aludidas.
La experiencia nos enseña que los cambios, al menos hasta la humanización del asilo, hasta la recuperación de derechos y libertades por parte de los internados, además de necesarios son posibles (por ejemplo, los ya antiguos procesos de Oviedo o Conjo, o los casos de Huelva, Valladolid o Albacete). En ocasiones se ha partido de iniciativas políticas, por parte de la Corporación Provincial o de alguno de sus miembros más sensibilizado en el tema. Otras veces, debido al esfuerzo y la presión de grupos de personal sanitario de los hospitales y, en alguna ocasión, como consecuencia del escándalo provocado por las denuncias sobre la situación de los internados.
Este último camino no parece prometedor. Se trataría de institucionalizar la denuncia y por tanto el escándalo como procedimiento de ruptura, recurriendo a la actuación conjunta de sanitarios y de profesionales del aparato judicial, en forma de comisiones mixtas, y utilizando las vías que puedan ofrecer el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, etc., etc.
Respecto a propuestas legislativas, me parece que sobra con la Constitución y con las modificaciones en curso del Código Penal y Código Civil (hace falta que se cumplan). No me parece necesaria una normativa específica para enfermos mentales que en sí significaría institucionalizar la diferencia y por tanto la segregación. Somos más partidarios de la existencia de una norma general, del tipo de la Carta sobre Derechos del Enfermo Usuario del Hospital (Comité Hospitalario de la CEE, Luxemburgo, mayo de 1979), que incluya a los enfermos psíquicos que precisen hospitalización ante los que, en todo caso, se puede plantear una protección complementaria de sus derechos. Más importante que nuevas leyes me parece que es modificar las formas y el procedimiento de actuación, particularmente la relación jueces, psiquiatras, internos, superando la ausencia y el burocratismo e imponiendo la relación oral, la presencia y la presencia de otros (amigos, vecinos del presunto enajenado), como, según tengo entendido, impone alguna antigua y encomiable ley de procedimiento judicial.
En otro nivel, reuniones como esta Mesa Redonda, otras anteriores habidas en Granada y en Madrid, una próxima a celebrar en Sevilla, pueden significar hitos en un camino dirigido a invertir las consecuencias que, históricamente, ha tenido la confluencia de psiquiatría y ley. La historia social y el análisis sociológico de ambas instituciones brindan, a mi modo de ver, el marco general del encuentro y el debate entre los profesionales de ambas disciplinas identificados por una práctica crítica. Las modificaciones legislativas en curso en nuestro país y situaciones concretas como las referidas y otras (judiciales, asistencia psiquiátrica a detenidos, internamiento gubernativo, incapacitación y tutela de enfermos, etc.) a buen seguro que proporcionarán elementos concretos de trabajo común en la práctica.
Onésimo GONZALEZ
(1) Ver Revista de la Asociación, n.º 3, pág. 112 y págs. 116 y siguientes; n.º 5, pág. 138.
(2) Véase, por ejemplo, Clínica y Análisis Grupal, n.º 16.
(3) Ver ARGIBIDE, n.º 1.
(4) R. Bercovitz, «Psiquiatría y Derecho», último capítulo del Manuel de Psiquiatría coordinado por González de Rivera y otros y editado por Karpos (Madrid, 1980).
(5) Ver Belloch Julbe, Clínica y Análisis Grupal, n.º 10.
(6) Ver Onésimo González, n.º 21 de Clínica y Análisis Grupal.
PRESENTACION
(Intervención realizada en la apertura de las Jornadas.)
En diciembre de 1987 se reúnen conjuntamente las Comisiones de Asistencia y Legislación y deciden pedir, en escrito al Presidente de la Asociación, la convocatoria de una reunión con la Junta Directiva, representantes de las Asociaciones Autonómicas y, a ser posible, el resto de las Comisiones. No se considera factible una reunión tan amplia —unas 30 personas— y la Directiva convoca a la Junta Ampliada y a las dos Comisiones citadas. Esta reunión se celebra el 27 de mayo de 1988 y, en ella, tal como consta en el Acta publicada en el número 25 de la Revista, la Junta Directiva encarga a las Comisiones de Asistencia y Legislación la organización de estas Jornadas‑Debate que terminarán con una Asamblea Extraordinaria.
La intención que movió a las Comisiones de Asistencia y Legislación a sugerir la convocatoria de aquella primera reunión fue la de compartir con los órganos de gobierno de la AEN (Junta Directiva, Asociaciones Autonómicas y Comisiones) una crítica —o mejor, autocrítica— de nuestra Asociación que entendíamos y entendemos como positiva y saludable, además de necesaria. Y esta crítica no puede hacerse, claro está, más que obligando a la AEN a mirarse —a mirarnos— en el espejo del desarrollo real de la asistencia psiquiátrica en España, dado que ésta debe ser su permanente y esencial preocupación.
La AEN, en el sentir de muchos de sus asociados y, desde luego, en el sentir de las Comisiones de Asistencia y Legislación, inserta como está en el contexto de esa sociedad civil española tan lamentablemente empobrecida —aunque no muerta, como bien han demostrado los últimos acontecimientos sociales— ha ido perdiendo progresivamente —o, si se quiere, no desarrollando— una buena parte de su deseable vitalidad. Hacer una llamada de atención sobre tal pérdida y poner en marcha, desde dentro, el a nuestro entender, posible proceso de revitalización, era el deseo que nos animaba y que ya expresamos en aquella reunión de mayo, a la que hemos hecho alusión como antecedente inmediato de estas Jornadas.
Y precisamente porque estas reflexiones y estos deseos nos han acompañado permanente desde el momento mismo en que asumimos el encargo de organizar este debate, es por lo que nos hubiera gustado que allí donde, en el programa definitivo, se lee «La AEN promueve estas Jornadas‑Debate siguiendo la línea crítica, independiente y comprometida que la ha distinguido…», pudiera leerse, como anuncio de la convocatoria, esto otro: «La AEN promueve estas Jornadas‑Debate para intentar recuperar la línea más crítica, independiente y comprometida que, en sus mejores momentos, la ha distinguido».
Pues bien, con el ánimo de colaborar activamente en pro de esta recuperación y conscientes de que ésta es imposible sin la participación de un amplio colectivo, iniciamos hace unos meses el proceso organizativo de este Encuentro haciendo una llamada —en la medida de nuestras fuerzas y hasta donde nuestra voz alcanzaba—, animando a personas y grupos de asociados a trabajar en el tema‑eje de este debate. Porque nuestro interés y nuestro cometido —también desde un principio— no ha sido otro que el de lograr arañar un espacio y un tiempo para hablar, discutir, compartir ese tema que por ser práctica cotidiana de todos y cada uno de nosotros a todos interesar debiera… un espacio y un tiempo abierto a la libre participación sobre tres cuestiones que nos parecen básicas, a saber:
1.ª Conocer mejor y más colectivamente la realidad de las estructuras y dispositivos que se dicen estar al servicio —más o menos directamente— de la salud mental de los españoles. Es decir, lo que hay en el momento actual.
2.ª Descubrir sus errores y deficiencias proponiendo posibles soluciones; esto es: hacer una crítica incisiva de «lo que hay» para que surja en el pensamiento y en la práctica lo que debería haber.
3.ª Intentar elaborar, participadamente, un proyecto para nuestra Asociación capaz de incidir sobre aquella realidad y transformar. En este intento será necesario analizar, críticamente, desde los aspectos relacionados con lo que podríamos calificar de infraestructura organizativa (Junta Directiva, Comisiones, Secciones… coordinación entre ellas y los asociados) hasta las directrices y actuaciones concretas, pasando por esos espacios y tiempos que al colectivo de profesionales la Asociación nos ofrece o pudiera ofrecernos (congresos, jornadas, encuentros, asambleas…).
Las dos primeras cuestiones serán el tema de las Mesas y de la Reunión General de esta tarde; la tercera lo será, a su vez, de la Asamblea General Extraordinaria prevista para mañana. Por supuesto, que ni unas ni otras van a quedar aquí consumadas, pero bien está que empezando a debatirlas aceptemos el reto de intentar abrir caminos y crear mecanismos capaces de darle continuidad al estilo y a los contenidos de este Encuentro.
En relación con los aspectos formales y tal como puede desprenderse de la lectura del programa hemos querido romper con el esquema académico de «Jornadas» organizándolo, más bien, como un encuentro abierto a la palabra de todo aquel que se sienta interesado por el tema y desee dedicar dos días de trabajo intensivo a la difícil, pero fundamental, tarea de compartir saberes y experiencia en pro de los objetivos aquí apuntados. En función de ellos no habrá ni esas célebres «Ponencias» ni, tampoco, muchas de las habituales formalidades que, con demasiada frecuencia, en vez de estimularla hacen imposible la comunicación; no esperéis, pues, de nosotros un exceso de organización. Hemos nombrado, eso sí, un coordinador para cada una de las cuatro «Mesas»: dos de la Comisión de Asistencia —Fernando Gracia y Federico Menéndez— y dos de la Comisión de Legislación —Onésimo González y el que habla—. Los organizadores proponemos, además, que cada Mesa dedique su última media hora de trabajo a sistematizar y resumir lo tratado.
Y continuando con el programa os diré que para la Reunión General de la tarde, en la que yo mismo haré de moderador, tenemos previsto que cada uno de esos coordinadores (solo o acompañado si así lo decidiera la «Mesa» correspondiente) exponga sucintamente y ante todos nosotros las conclusiones a las que cada «Mesa» haya llegado para, a continuación, abrir un largo turno de palabras. Y el sábado, ya sabéis, viene ocupado en el programa por la Asamblea Extraordinaria.
Prácticamente sin medios materiales y habiendo tenido que superar unos cuantos malentendidos y alguna que otra maledicencia, hemos logrado, al final, lo que nos habíamos propuesto: procuraros y procurarnos aquel espacio y aquel tiempo a los que anteriormente hacía referencia. Deseo, como portavoz de las dos Comisiones Organizadoras, que los sepamos aprovechar al máximo; el lograrlo ya no está tanto en nuestras manos como en las de todos los asistentes.
Ramón GARCIA
Portavoz de las Comisiones Organizadoras
CONCLUSIONES
Análisis de la situación asistencial y del estado actual de la reforma psiquiátrica:
I. RESUMEN DEL ESTADO DE LA REFORMA/NO REFORMA DE LA ASISTENCIA PSIQUIATRICA
Existen diversas situaciones:
A) Lugares donde no han existido cambios, permaneciendo el manicomio y la tradicional concepción obsoleta de abordar la salud mental. Aquí cabe incluir como paradigmático la situación de los hospitales psiquiátricos penitenciarios.
B) Los lugares donde hubo cambios aparentes o de formas externas y arquitectónica, o de nuevas denominaciones a viejos dispositivos, con los mismos esquemas y líneas de actuación.
C) Desmantelamientos parciales y creación de diversos servicios o centros sin modificar ni reestructurar los viejos recursos, quedando éstos para los «crónicos», «residuales», «marginales», etcétera.
D) Reproducción de las técnicas, métodos y actuaciones de los viejos manicomios en los nuevos dispositivos y servicios.
E) Remisiones o derivaciones a otros dispositivos o servicios (servicios sociales, asilos, etcétera) de los pacientes o problemáticas que se asumían en salud mental, sin tener en cuenta la coordinación, estado y situación de dichos servicios y de los propios afectados, etcétera.
F) Lugares donde se han dado cambios y transformaciones globales que han supuesto auténticas y reales reformas. Cabe destacar aquí que algunas de estas experiencias comienzan a dar síntomas de regresión y pasos atrás preocupantes por parte de las administraciones.
II. CRITICA Y ANALISIS DE LA SITUACION ASISTENCIAL
Se fundamenta en:
1. No desarrollo de la Ley General de Sanidad.
2. Sólo en muy pocas autonomías o provincias se lleva a efecto —en unas parcial y otras globalmente— el Plan de Reforma Psiquiátrica del Ministerio de Sanidad (abril, 1985) que fue apoyado por la AEN y otras asociaciones de diverso tipo.
3. No cumplimiento de las propias leyes del Ministerio de Sanidad, Justicia, etcétera (Reforma del Código Civil en materia de tutela, Código Penal, etcétera), que afecta a la problemática en salud mental.
4. Siguen existiendo redes paralelas no coordinadas, que atienden problemáticas en salud mental sin articulación, ni integración, duplicando funciones, interfiriéndose, o simplemente desconociéndose.
5. Falta de coordinación en las redes asistenciales sanitarias entre los distintos niveles de actuación, así como entre los propios equipos del área. Escaso desarrollo de centros de salud y equipos de atención primaria que permitan la red y dispositivos mínimos necesarios para actuar en las áreas o zonas sanitarias y llevar a efecto el Plan de Reforma Psiquiátrica y la propia Ley de Sanidad.
6. Algunas transformaciones se limitan a cambios de nombre y a planes sobre el papel, sin que se plasmen en medidas y realizaciones concretas, integradas e integrales, en la propia comunidad.
7. Insuficiente desarrollo de los programas y unidades específicas (psicogeriatría, infantil, toxicomanía y alcoholismo, rehabilitación, o de atención a colectivos o necesidades específicas).
8. No se tienen en cuenta las redes existentes, en programas específicos o en recursos de salud mental, dependientes de distintas administraciones públicas, para integrarlas funcionalmente y racionalizar los recursos disponibles. Por contra, se crean redes paralelas desgajadas y descoordinadas en base a criterios de inmediatez o de oportunismo político (caso de las toxicomanías, por ejemplo).
Asimismo, se tiende a la parasitación del sector público por los servicios privados como forma de derivación y marginación.
9. Confusión de los conceptos y actuaciones en temas tales como: cronicidad, servicios intermedios, rehabilitación, programas específicos, intervención en crisis, etcétera.
10. Importancia de la situación general del país en sus aspectos económicos, sociales y políticos, originados por el paro, marginación, etcétera, y su repercusión en la salud mental, así como el papel de los servicios psiquiátricos.
11. Complicidad en algunos casos de los profesionales en la no aplicación y desarrollo de un trabajo renovador y transformador en la línea de la Reforma Psiquiátrica.
12. Psiquiatrización de los problemas de la vida cotidiana.
13. No existencia de unos planes en salud mental entendidos como tales, en tanto faltan la evaluación de necesidades, análisis de la realidad, asignación de medios y financiación, etcétera.
III. PROPUESTAS DE NECESIDADES Y ALTERNATIVAS
1. Desarrollo y puesta en práctica del Plan de Reforma Psiquiátrica aprobado por el propio Ministerio de Sanidad (abril, 1985) que se encuentra sin aplicar, o ignorado por las administraciones.
2. Necesidad de desarrollar las leyes y planes de los servicios cuyo funcionamiento atañe y afecta al pleno y global desarrollo de los proyectos y programas de salud mental, como los de tipo social, justicia, educación, etcétera, lo que resulta imprescindible en el proceso de coordinación entre las distintas áreas o redes de atención y asistencia.
3. Necesidad de poner en funcionamiento o crear los centros de salud, equipos de atención primaria, áreas, etcétera, previstos en la propia Ley General de Sanidad, así como la coordinación e integración de los distintos dispositivos que permitan una actuación integral y eficaz de los recursos.
4. Creación de unidades de hospitalización psiquiátrica en los hospitales generales, dotadas del personal, de medios, y de la estructura física adecuada que se precisa para su funcionamiento, que han de estar integradas en el trabajo, organización y funcionamiento de los servicios de salud mental del área.
5. Enfoque comunitario del trabajo de los centros de salud mental.
6. Desarrollo de los servicios intermedios en los cuales se pueda redefinir y delimitar su función:
— Entre la institución y la vida.
— Lo sanitario y lo social.
— Lo hospitalario y ambulatorio.
— Entre centro de salud mental y el hogar.
No concebir la rehabilitación como algo separado de la vida. Programas de rehabilitación insertos y partiendo del lugar de vida y del contexto sociocultural en que se desarrollan.
7. Desarrollo de programas, así como de unidades específicas (infantiles, psicogeriátricas, etcétera), que hasta ahora son escasos o inexistentes. Estas unidades y programas específicos estarán integrados en los planes y dispositivos generales de salud mental sin crear redes especiales o paralelas.
8. Potenciar y desarrollar los programas de formación e investigación en salud mental en general, así como en los programas y unidades específicas.
RESPECTO A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRIA
1. Se vio la necesidad de proseguir y potenciar estos debates, aprobándose que en los próximos congresos o jornadas ha de haber siempre un espacio, abierto a todos los asociados y con suficiente tiempo reservado para el debate de estos temas.
2. La AEN llevará a las administraciones públicas estas conclusiones y difundirá a través de los distintos medios de comunicación los acuerdos tomados sobre la situación y necesidades en la atención a la salud mental
