A favor de la priorización de personas con diagnóstico de trastorno mental grave en la vacunación contra la COVID-19

Desde la AEN-PSM consideramos que la prioridad a la hora de acceder a la vacunación se ha de derivar de un mayor riesgo a contraer la enfermedad o de que esta tenga un peor pronóstico.

En este sentido, las personas que han recibido el diagnóstico de trastorno mental grave acumulan vulneraciones a múltiples niveles: sociales, clínicas y epidemiológicas. Empezando por las condiciones de vida donde experimentan con mayor frecuencia la precariedad, incluida la de la vivienda y la alimentación, así como la ruptura de las redes de apoyo particularmente dañadas en la pandemia. Asimismo, hablamos de un grupo de población que presenta peor esperanza de vida que el resto debido a distintos factores, como los efectos secundarios de los tratamientos crónicos o las múltiples barreras para el acceso a la información y la atención, así como el permanente riesgo de exclusión que esto genera. Sumada a esta mayor vulnerabilidad (y vulneración) social y clínica se añade una mayor vulnerabilidad epidemiológica, entendida como el entrecruzado de todos estos determinantes, que lleva a que las personas diagnosticadas de trastorno mental grave presenten mayor riesgo de sufrir contagio y una peor evolución. Asimismo, hemos conocido casos en los que este diagnóstico ha sido utilizado como argumento que avalaría el poco “valor social” como criterio para considerar el acceso a ventilación mecánica o derivación hospitalaria en los momentos de mayor colapso del sistema, contraviniéndose así la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De esta manera, aunque los diagnósticos de trastorno mental grave aglutinen experiencias muy diversas, son otros los factores clave que convierten a quienes reciben ese diagnóstico en grupo de riesgo, sistemáticamente vulnerado y muy fácilmente olvidado por las administraciones.

Desde esa perspectiva, poniendo la determinación social en el centro, apoyamos que se consideren población prioritaria. Es, además, un necesario acto de derecho y de reparación por los daños sufridos. Tanto los daños sistemáticos previos a la pandemia como los derivados de las medidas tomadas durante la misma. Sin poner el foco en el diagnóstico, pero sí en sus condiciones de vida. Como asociación profesional nos planteamos la utopía de que llegaremos al momento en que las personas con sufrimiento psíquico intenso podrán ser vacunadas cuando les toque, como ciudadanos y ciudadanas sin más. Pero eso hoy y aquí no pasa.

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