Posicionamiento sobre el "Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo"

La Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, En Primera Persona, Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental en Primera Persona y Federación VEUS-Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en Primera Persona, como organizaciones directamente implicadas en el impulso de la mejora de la salud mental de España, queremos manifestar nuestra total oposición a la continuidad del proyecto “Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a ingresos y tratamiento involuntarios" elaborado por el Comité de Bioética del Consejo de Europa.

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Primer número del nuevo Boletín de la AEN

Os presentamos el nuevo boletín de la AEN, en formato digital. A partir de ahora podréis leerlo con periodicidad semestral. ¡Esperamos que os guste!

  • Editorial “Tiempos Interesantes”
  • Reflexiones en torno al 7º congreso mundial de Hearing Voices
  • Seis estrategias clave para reducir el uso de contenciones físicas y el aislamiento
  • Reflexiones en torno a la coerción
  • Recursos de interés en torno a alternativas a la coerción
  • Reacciones a las XXI jornada AMSM
  • Informe sobre evolución de los recursos de salud mental en Madrid 2000-2014
  • Mientras tanto en la prensa: Es como la diabetes
  • Mientras tanto en la prensa: TDAH
  • Mientras tanto en la prensa: Psiquiatría sí pero crítica
  • Desde autonómicas, secciones y comisiones
  • Próximamente en la web

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Una historia de violencia.

En las últimas semanas hemos asistido a una serie de acontecimientos trágicos en los que se han visto implicadas varias personas diagnosticadas de enfermedad mental. Fatalmente amplificada por la cobertura que de este tipo de sucesos realizan algunos medios de comunicación, la alarma social que generan estos casos potencia la errónea vinculación entre el diagnóstico de un trastorno mental y la predisposición a actuar de forma violenta.

A pesar de que numerosas investigaciones demuestran que el diagnóstico de un trastorno mental no favorece la aparición de conductas violentas en un porcentaje mayor que en el resto de la población, y de que estudios recientes sugieren por el contrario que estas personas tienen una mayor probabilidad de ser víctimas que perpetradores de abusos y agresiones (véase, por ejemplo, H. Khalifeh et al. Violent and non-violent crime against adults with severe mental illness, The British Journal of Psychiatry, 2015, 206(4): 275-282), existe un sólido y muy extendido prejuicio según el cual las personas con un trastorno mental actúan de forma violenta e imprevisible, lo que conduce a comportamientos de miedo y rechazo hacia ellas. Todavía hoy, esta falsa creencia está hondamente arraigada en nuestra sociedad y condiciona no sólo el aislamiento social de estas personas y el tratamiento informativo de ciertos sucesos o la actuación puntual de las fuerzas de seguridad, sino también la orientación de unas políticas que, desgraciadamente, tienden más hacia el control y la contención que hacia el fomento de la recuperación y la vida en la comunidad.

De este modo, la ecuación entre enfermedad mental y violencia contribuye a generar más discriminación, exclusión social y sufrimiento del que ya padecen gran parte de estas personas, causando sentimientos de vergüenza y socavando su ya mermada autoestima y la confianza en sus posibilidades de llevar una vida más o menos normalizada. De hecho, muchas de ellas llegan a asumir de tal modo estos estereotipos, que creen que no merecen ni siquiera ser tratadas o vivir como el resto de los ciudadanos.

Desde la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental, queremos mostrar nuestra gran preocupación por el daño que la circulación y la pervivencia de estos clichés, causa ante todo en las personas diagnosticadas, pero también en sus familias, amigos y en todos aquellos que trabajamos para intentar mejorar su bienestar.

Tal como se desprende de algunas informaciones recientes, nos preocupa especialmente la relación que se ha establecido en algunos casos entre el hecho de padecer una enfermedad mental, no tomar medicación y mostrar un comportamiento violento. Este planteamiento no solo tiende a cosificar a las personas tras su supuesto diagnóstico, sino que plantea un falso dilema, pues ni todas las personas con un trastorno mental precisan tratamiento farmacológico de forma permanente, ni la toma de medicación garantiza que no existan recaídas más o menos frecuentes, síntomas persistentes o un sufrimiento inveterado. Al reducir todas las opciones al tratamiento farmacológico, se desvirtúa una herramienta terapéutica que puede ser muy útil, pero que ni es infalible ni es la única que existe, generándose una expectativa simplista e injusta en torno a las circunstancias y las necesidades reales de estas personas.

En este sentido, nos parece especialmente importante denunciar la incompleta e inadecuada implantación de un modelo integral y verdaderamente comunitario de atención y apoyo a las personas con trastornos mentales graves, pues creemos que lo que más contribuye a su mejoría es poder desarrollar una vida normal, con acceso al trabajo, a un salario digno, a la vivienda y a ser tratados con comprensión y respeto. Y esto no se consigue con medicinas; se consigue a través del trabajo paciente y solidario de equipos multidisciplinares que coordinan y ponen en juego los recursos de la comunidad. Ciertamente, los recortes de los últimos años están haciendo desaparecer muchos estos equipos, pero la crisis actual de la asistencia psiquiátrica también se debe a la primacía de una ideología que individualiza los problemas, los descontextualiza y, en consecuencia, los reduce. Necesitamos, en suma, otro modelo en el que el respeto a la dignidad y la autonomía de la persona favorezca la toma compartida de decisiones; un modelo, en definitiva, en el que, gracias a la proximidad y a la creación de espacios comunes de diálogo y aprendizaje mutuo, las personas con un trastorno mental tengan otra perspectiva que la cronicidad y la exclusión.

Comprendemos que es difícil que la dinámica propia de los medios de comunicación y su exigencia de inmediatez, les permita prestar suficiente atención a la amplitud de matices y particularidades de cada caso en el que se encuentra implicada una persona diagnosticada de un trastorno mental –máxime cuando muchas veces se cuenta con muy pocos datos–, pero estamos firmemente convencidos de que huir de abordajes reduccionistas redundará en beneficio de todos.

Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (AEN-PSM)

Septiembre 2015


Por una mejor atención a la salud mental de niños y adolescentes

Comunicado de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente.

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Sobre la reforma de la legislación civil en materia de protección de personas con discapacidad

"La protección y defensa de los derechos de las personas que sufren algún tipo de trastorno mental o alteración psíquica forma parte de las señas de identidad de la AEN a lo largo de su historia.
Los necesarios debates y esfuerzos en el desarrollo de la actividad asistencial han de ser acompañados por la permanente reflexión sobre el cuidado y preservación de los derechos."

Documento elaborado por el Grupo de Ética y Legislación de la AEN

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Comunicado de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en relación a la reforma de la Ley del Aborto

Hace justamente un año, un gran número de Asociaciones de Mujeres, de profesionales  y los partidos políticos de la oposición nos movilizamos en contra de la reforma de la Ley  de plazos existente desde 2010, por una más que restrictiva Ley de Supuestos propuesta por el Partido Popular.  Gracias a la presión ciudadana, encabezada por las mujeres, pero también por sectores profesionales como el nuestro, dicha reforma fue paralizada.

Ahora el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición de Ley para exigir el consentimiento parental para las jóvenes de entre 16 y 18 años y mujeres con discapacidad que deseen acceder a un aborto legal y seguro, justificando esta medida en una supuesta mayor protección de estos dos grupos de mujeres.

Sin embargo, Naciones Unidas recomienda que para mejorar la protección de las mujeres, los Estados deben eliminar los obstáculos en el acceso a un aborto legal y seguro.

Exigir este consentimiento, trae consigo con toda probabilidad, un aumento del número de adolescentes  que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar, y hasta su vida. Asimismo, sitúa a las menores que puedan ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas que ostenten la patria potestad, en una situación de especial indefensión.

Por todos estos factores, nos parece un atentado contra la salud mental de esos dos grupos de mujeres, y  un aumento de los factores de riesgo para su integridad psíquica.

Es por eso que la Asociación Española de Neuropsiquiatría – Profesionales de Salud Mental nos oponemos a esta Proposición de Ley con más fuerza si cabe que con la que nos resistimos a la anterior, que afortunadamente no vio la luz, porque nos parece que se ceba en las mujeres más indefensas y desfavorecidas, unas por su grupo de edad  y otro por sus condiciones de discapacidad.

Esta nueva propuesta, sin más argumentos que los puramente electoralistas, nos parece,  además de un nuevo atentado contra la libertad de las mujeres, una discriminación contra las jóvenes y las discapacitadas, dado que la mayoría de edad sanitaria en España es de 16 años, pudiendo a partir de esa edad, decidir sobre una operación a vida o muerte. Mucho antes de esa edad las mujeres pueden decidir sobre aspectos tan cruciales sobre su vida como contraer matrimonio o  mantener relaciones sexuales.  Resulta sorprendente que una mujer de 16-17 años no pueda decidir sobre si desea o no tener un hijo y se le obligue legalmente a ser una madre competente a esa misma edad.

Si se aprueba la reforma, las adolescentes y las mujeres discapacitadas no podrán acceder por si mismas a un aborto legal y seguro. Esta diferencia, que no está basada en criterios médicos, constituye un elemento de discriminación de género, con posibles consecuencias para su salud.

La Organización Mundial de la Salud ha destacado que para proteger a las menores, las políticas y las prácticas deben alentar, pero no exigir, el consentimiento de los padres. También ha destacado que el requisito de autorización de los padres viola el derecho a la privacidad y el acceso de las mujeres a la atención médica sobre la base de la igualdad de hombres y mujeres.

Según los datos disponibles, son aproximadamente 400 mujeres entre 16 y 17 años las que alegan para interrumpir el embarazo diferentes razones para no pedir el consentimiento paterno o tutelar (riesgo de violencia de género, abusos sexuales, desamparo familiar, familias desestructuradas, etc.), situaciones frecuentes en la sociedad española aunque sean ignoradas por el PP. Son precisamente estas mujeres, las más vulnerables y desamparadas las que quedarían indefensas si el plan propuesto por el PP para contentar a una parte de su electorado consigue aprobarse,

Con respecto a las mujeres con discapacidad, los Estados tienen la obligación de velar porque se efectúe la consulta apropiada directamente con la persona con discapacidad y no permitir que el consentimiento sea otorgado por terceras personas que actúen en su nombre.

Consideramos como Asociación de Profesionales de Salud Mental que para proteger a las mujeres y no vulnerar sus derechos, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular deben respetar y cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas.

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Comunicado de la AAPSM sobre la Enfermería especialista en Salud Mental en Andalucía

La Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental quiere manifestar su malestar por la forma en que el Servicio Andaluz de Salud ha realizado las contrataciones realizadas a primeros del mes de Febrero, bajo el argumento de mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios.

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XIII Jornadas de la Sección de Psicoanálisis de la AEN

"La Estructura familiar en la clínica psicoanalítica contemporánea"

10 y 11 de Abril de 2015

Colegio Oficial de Médicos de Madrid
C/ Santa Isabel, 51

 DESCARGAR PROGRAMA COMPLETO

En estas Jornadas, a través de distintas mesas redondas, intentaremos profundizar cómo la estructura familiar establece la constitución del sujeto desde la perspectiva psicoanalítica, qué mutaciones ha sufrido la familia en las últimas décadas y qué efectos tienen sobre los vínculos y la subjetividad.

Inscripción gratuita en aen@aen.es

 


Comunicado AEN sobre la Modificación del Código Penal

Desde el inicio de esta legislatura se está produciendo en todo el Estado, justificado en la necesidad de ajuste presupuestario para la reducción del déficit, una disminución de la inversión y en el mantenimiento de los servicios públicos en general y de los sanitarios en particular.
Como no podría ser de otra manera, este hecho afecta también a la atención a la Salud Mental. Estamos asistiendo a un doble reajuste. El relacionado con los recursos sanitarios y el relacionado con los recursos sociosanitarios destinados a la reinserción de los pacientes.
Paralelamente, se proponen modificaciones legislativas que merman derechos de protección a la salud, tanto al excluir a determinados colectivos de recibir una adecuada atención sanitaria, como los inmigrantes, como a tener que contribuir económicamente en el sostenimiento de los tratamientos en enfermedades crónicas en colectivos con escasos recursos económicos.
Pero asistimos en el área de la salud mental a otras actuaciones que nos devuelven a situaciones que creíamos ya superadas. Vuelve a estigmatizarse a los ciudadanos con problemas mentales, o simplemente a señalar a la salud mental, con disposiciones y leyes como si ésta necesitase un estatus especial que requiere medidas y consideraciones más allá de las necesarias para cualquier ciudadano.
Nos referimos a las propuestas en el borrador del Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, introduciendo nuevamente el concepto de peligrosidad ligado al trastorno mental y las propuestas sobre medidas de seguridad, posibilitando medidas de limitación de la libertad a sin límites claros. La Ley orgánica de protección de la vida del no nacido y de los derechos de la mujer embarazada, eliminando el ejercicio de la libre voluntad de decisión de la mujer y la obligación a someterse a exámenes para valorar la relación entre decisión y su estado mental presente y futuro. Y, por último, y afortunadamente retirado hace unos días, el borrador sobre Intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud pública, en el que se incluían algunos Trastornos Mentales como supuestos de riesgos para la salud pública en su punto 2.7., y que contaba con el respaldo de los responsables de la Coordinación de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Creemos que existe un planteamiento estratégico en algunos contextos del poder político, económico e incluso técnico dispuestos a retroceder a concepciones marginadoras, estigmatizantes y precientíficas sobre la salud mental y las personas afectadas, especialmente las más graves. Esto supondría hacernos retroceder en 50 años en mucho de lo conseguido hasta ahora, sin tener en cuenta además que sería ir en contra de lo que se ha aportado en el mundo en avances sobre el conocimiento científico de los trastornos mentales y las intervenciones necesarias para lograr que las personas afectadas puedan mejorar sus condiciones de salud mental, estando en condiciones de recuperar un proyecto de vida de calidad suficiente para integrarse sin estigmatización en el contexto social y cultural al que pertenecen.
Queremos en este bolentín volver a recordar esta circunstancia e insistir en nuestro posicionamiento, respaldado por los documentos cuyos enlaces os volvemos a facilitar. En especial, hacemos hincapié en el riesgo que la estrategia señalada pone en el incremento de medidas coercitivas hacia las personas con problemas de salud mental, como forma de justificar y no emplear una correcta dimensión de los recursos necesarios para su atención. Así ocurre, por ejemplo, con la insistencia en la implantación del Tratamiento Ambulatorio Involuntario.

Enlaces:

COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO PENAL. Grupo de Etica y Legislación AEN

ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO PENAL. FEAFES

INTERVENCION SANITARIA EN SITUACIONES DE RIESGO PARA LA SALUD PUBLICA. Borrador del documento elaborado por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Noviembre 2013