Noticias breves
"Doble condena" para las personas con discapacidad
Artículo de Irene Casado, publicado en www.infolibre.es, publicado el 19 de Mayo de 2014.
La justicia de Alberto Ruiz-Gallardón no es igual para todos. Psiquiatras, psicólogos y familiares de enfermos mentales advierten de que la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal es “discriminatoria y excluyente” respecto a las personas que padecen un trastorno mental o una discapacidad intelectual.
El proyecto de reforma supone la “mutación del derecho penal del hecho en derecho penal de autor”, explican desde la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). Hasta ahora, a las personas que padecen una enfermedad mental y, que por consiguiente no pueden ser imputadas, se les aplicaban diferentes “medidas de seguridad” nunca superiores en tiempo a la condena de cárcel que recaería sobre ellas en caso de ser imputables. Su internamiento en un centro psiquiátrico respondía estrictamente a su curación y reinserción. Sin embargo, la nueva normativa impulsada por Gallardón establece que el internamiento de las personas que padecen una discapacidad mental puede ser prorrogable sin limitación. No se pena el delito, sino la posibilidad de que vuelva a cometerlo.
"No imputables pero peligrosos"
En el centro de las críticas del proyecto de ley aparecen dos conceptos, “seguridad” y “peligrosidad”. La nueva normativa, como explican desde AEN, hace especial hincapié en el factor “seguridad” en detrimento del factor “reinserción y rehabilitación social”. Con los cambios en el Código Penal los enfermos mentales pasan a ser considerados “peligrosos, la sanación se convierte en punición y no se penan los hechos, sino a las personas”, explica Eudoxia Gay, presidenta de AEN, a infoLibre.
Desde la asociación médica denuncian que la peligrosidad “no es un concepto clínico ni patológico”. Por tanto, recalca Gay, no existe “un fundamento científico para que los profesionales de la salud mental puedan evaluar la presunta peligrosidad de la persona”. A esta crítica se suma José María Sánchez Monge, presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes): “Considerar a las personas con problemas de salud mental como peligrosas es erróneo, no hay evidencia científica”, recalca.
Además, hay más aspectos dentro del Código Penal que sitúan a los enfermos mentales en una posición desfavorable ante la ley. Al considerarles personas no “imputables”, explica Sánchez, se establecen unas medidas de seguridad diferentes: “Más penas, y durante más tiempo”. Esta realidad es para el presidente de Feafes un signo inequívoco de “discriminación”. La reforma de la ley supone una “estigmatización del enfermo mental”, advierte por su parte Eudoxia Gay. “La ley sugiere que el enfermo mental es un peligro, cambia la concepción del discapacitado: ya no hay que curar a alguien, sino que hay que encerrarlo y condenarlo”, explica la presidenta de AEN.
La propuesta de Gallardón supone “la vuelta a la peligrosidad social, a los estigmas y a los prejuicios”, recalca Gay. En este sentido, Miguel Anxo García Álvarez, facultativo especialista en Psicología Clínica del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, considera que la reforma de la normativa es un “retroceso de concepciones y medidas de enorme gravedad”. Se retoma “el prejuicio respecto al riesgo que suponen las personas con problemas de salud mental y se castigan presuntos delitos que no se han cometido”, añade García.
¿Por qué ahora?
Las reformas promovidas por el ministro de Justicia no pasan inadvertidas. Mientras juristas y colectivos civiles denuncian la nueva justicia universal; médicos y psicólogos muestran reticencias frente a la ley del aborto y la reforma del Código Penal que reprueba a las personas con discapacidad mental. “Estamos en un momento social en lo que está en juego es la libertad”, apunta la presidenta de AEN. “Hasta ahora primaban las medidas terapéuticas, los tratamientos frente a las condenas”, añade.
El titular de Justicia “ignora que los problemas mentales tienen que ver con la desasistencia”, recalca el psicólogo Miguel Anxo García. Todos los profesionales coinciden: los recortes afectan a la calidad de vida de los enfermos mentales y a la de sus familias. “Si no hay recursos –explica Gay– la familia hace frente a más cargas, hay más tensión, lo que se traduce en más violencia interna”.
Psiquiatras y psicólogos aseguran que con las medidas de control terapéutico oportunas es posible evitar los delitos cometidos por personas con discapacidad. “Muchos enfermos cometen delitos porque no reciben la atención necesaria”, recuerda García.
Para el psicólogo gallego, “mientras las medidas terapéuticas no se mejoren, mientras se prime la reclusión frente al tratamiento, los centros en los que se interna a las personas con enfermedades mentales serán manicomios”. Instituciones alejadas de los conceptos de tratamiento y reinserción social. Estamos ante el fomento de “una sociedad represora” en la que “no hay prevención”, valora Eudoxia Gay.
Desde AEN apuestan por la salud mental comunitaria. “El enfermo tiene que tener garantías jurídicas y asistenciales”, recuerdan. “Ni las cárceles, ni los centros psiquiátricos son centro rehabilitadores, no son adecuados para la reinserción de las personas”, añade el presidente de Feafes. Para una recuperación apropiada lo más aconsejable son los centros de día, explica Sánchez Monge, “centros ambulatorios en los que se realiza un verdadero seguimiento de la persona afectada”.
¿Quién prevé el futuro?
La falta de prevención, la promoción de los conceptos “seguridad” y “peligrosidad”, y la discriminación que esto conlleva centran las principales críticas de los expertos. Sin embargo, aparece otra cuestión no menos importante: ¿quién decidirá prolongar las penas de estas personas? ¿Sobre quién recaerá la tarea de “predecir” sus delitos?
El anteproyecto de ley establece en el artículo 98.1 que “el juez o tribunal podrá acordar el internamiento en un centro psiquiátrico del sujeto que haya sido declarado exento de responsabilidad criminal”. A lo que añade que, “si tras efectuarse una evaluación exhaustiva del mismo y de la acción que llevó a cabo, exista base suficiente para concluir que, debido a su trastorno, es posible prever la comisión por aquél de nuevos delitos de gravedad relevante”, la pena podrá ser prolongada por “periodos sucesivos de una duración máxima, cada uno de ellos, de cinco años”. En definitiva, Gallardón propone “una cadena perpetua revisable para las personas con discapacidad mental”, denuncian los expertos.
¿Quién decidirá sobre la prórroga de la condena? El artículo 98.3 señala que será “el juez o tribunal, a petición del Ministerio Fiscal, previa propuesta de la junta de tratamiento” quien “podrá acordar tras un procedimiento contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el sometido a la medida, asistido por su abogado, la prolongación” de la pena.
Para Feafes aparece una nueva incógnita: ¿quién forma la junta de tratamiento? “No está muy claro quién valora al paciente, la condena es un internamiento y su ampliación recae en manos de una junta de tratamiento que, en principio, está formada por un grupo de personas 'suficiente y ecuánime', pero que no son expertos en el tratamiento, sino en la valoración”, explica Sánchez Monge.
Desde la Asociación Española de Psiquiatría señalan que no quieren “ser artífices de la valoración”. Pues no se trata de una cuestión objetiva, sino de “una “sospecha de diagnóstico”. Con la nueva normativa, “los jueces pueden actuar preventivamente y basarse en meros prejuicios”, subraya el psicólogo Miguel Anxo García. En este sentido, el especialista gallego recuerda que la reforma “no obliga al juez a valorar los informes clínicos; las valoraciones técnicas ya no tienen capacidad de definir la decisión penal”.
Una reforma sin demanda social
La nueva normativa impulsada por Gallardón parece no responder a una demanda social. Desde AEN lanzan una nueva incógnita: ¿por qué esta reforma? ¿Por qué ahora? “No lo entendemos –asegura Sánchez Monge–, no sabemos ni la razón, ni los motivos. Se trata de un proceso de seguridad en el que no se tiene en cuenta que hablamos de personas con un problema mental que necesitan un tratamiento adecuado”.
“Cuando la sociedad cambia, cambia el derecho”, dice un dicho popular, sin embargo, no parece advertirse tal cambio, apunta el colectivo de psiquiatras. “No se advierte en la ciudadanía un cambio de actitud en relación con la situación del año 1995 –cuando se promulgó el texto original– tendremos que concluir que se trata de un cambio fundamentalmente 'ideológico' que pretende utilizar el Derecho como lo que nunca debe ser, 'instrumento de dominio' de un grupo sobre otro al que percibe como 'peligroso'”, valoran desde AEN.
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental pide al Ejecutivo “que no se prejuzgue a la personas”. Pues, “mientras un psicópata realiza un acto voluntario y consciente, un enfermo mental ni es consciente de lo que hace, ni lo hace de manera voluntaria”, recuerda. Esta diferencia es “muy importante”.
Psicólogos, psiquiatras y familias que conocen de primera mano los padecimientos de las personas con problemas de salud mental, convienen: “La reforma del Código Penal tiene consecuencias terribles: el control social, el autoritarismo y la discriminación”. Por este motivo, piden la retirada del proyecto de ley, “innecesario, injusto y sin reclamo social”.
Declaración de Granada sobre Migraciones, Minorías Étnicas y Salud
La Asociación Española de Neuropsiquiatría - Profesionales de Salud Mental se adhiere a la Declaración de Granada, surgida del 5º encuentro europeo sobre migrantes y la salud de minorías étnicas, celebrada en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, España, entre el 9 y 12 de Abril de 2014.
En momentos en el que muchos países europeos están aplicando políticas de austeridad, resulta especialmente importante que la comunidad de la salud pública defienda a las personas más pobres y marginadas. Entre ellas hay muchas personas migrantes, quienes por diversas razones se encuentran ahora mismo en condiciones de alta vulnerabilidad.
Declaración de Atocha en defensa de la Atención Pública a la Salud Mental
La Asociación Española de Neuropsiquiatría - Profesionales de Salud Mental se adhiere al manifiesto en el que un amplio grupo de profesionales de reconocida experiencia y compromiso en el campo de la salud mental han decidido expresar su preocupación por la situación por la que atraviesa la atención a la salud mental en nuestro país. La junta estatal de la AEN quiere expresar su coincidencia con dicho documento y contribuir a su difusión. Expresamos a la vez el deseo de seguir uniendo esfuerzos frente a las múltiples amenazas que proceden de planteamientos políticos claramente atentatorios con los derechos y cuidados de las personas.
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PÚBLICA A LA SALUD MENTAL. (Este Manifiesto contiene, resumidos, los contenidos de la Declaración de Atocha: En defensa de la atención pública a la Salud mental)
Presentación Manifiesto de los Profesionales Sanitarios contra la Ley del Aborto
El pasado 28 de Febrero se presentó en rueda de prensa el Manifiesto “Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país” en contra del anteproyecto de “Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.
Con la participación del Dr. Javier Martínez Salmeán, ginecólogo; Dr. Santiago Dexeus Trias de Bes, ginecólgo; Dra. Eudoxia Gay Pamos, psiquiatra y presidenta de la AEN y Dra. Pilar Martínez Ten, ginecóloga y experta en diagnóstico prenatal.
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Artículo de María Sahuquillo publicado en El País con fecha 3 de Marzo
Artículo de Laura Olías publicado en eldiario.es con fecha 28 de Febrero
Ley Iniciativa Popular sobre la Sanidad Canaria
En la tarde de ayer día 11 de marzo se celebró ante el Parlamento de Canarias una rueda de prensa para señalar que hace 2 años, el 7 de marzo de 2012, el Parlamento canario se comprometió a tener en cuenta la Iniciativa Popular sobre la situación de nuestra sanidad. Sin embargo ésta no ha hecho sino empeorar, por unos recortes que en vez de aplicarse a la evasión de impuestos de los ricos se aplica a los servicios públicos.
Hoy hemos estamos exigiendo la aplicación de las medidas que pueden resolver situaciones alarmantes como la caótica atención a las urgencias y las interminables listas de espera. Las medidas que se han apuntado por la administraciones canarias sobre apertura de camas sociosanitarias, para finales de este año, no son más que un parche de muy corto recorrido. Se requiere dar marcha atrás en los recortes, abriendo camas públicas cerradas y reincorporando a personal de los miles que han mandado al paro, precisamente con el dinero que hay que evitar que evadan los ricos, los impuestos de la R.I.C., de las grandes fortunas.
Hemos estado hoy apoyando la I.L.P. en Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública de Canarias presentada por el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública con el aval de 25.000 firmas de canarias y canarios de todas nuestras islas.
¡Exigimos que el Parlamento sea respetuoso con las demandas del pueblo canario!
También consideramos necesario poner coto a los conciertos con la sanidad lucrativa privada que para mantener su negocio compra sangre al Instituto de Hemodonación y no recurre como en los centros públicos a la donación de los parientes de los pacientes. También aplauden la apertura de camas sociosanitarias ya que le permite sacar a los pacientes crónicos que tienen derivados por el SCS y darle rentabilidad a sus camas con el negocio de los conciertos para las intervenciones quirúrgicas de la lista de espera del SCS. Consideramos que dado el antecedente de la Consejera Brígida Mendoza de haber pertenecido al Consejo de administración de la clínica del Perpetuo Socorro, centro privado de Las Palmas, nos preguntamos si sigue en esa línea o piensa volver de nuevo a ella, por lo que la declaramos incompatible e incompetente para el cargo y exigimos su dimisión.
Por otro lado, apoyamos el ofrecimiento del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife de hacer una auditoría externa sobre las listas de espera.
Por último, llamamos a una lucha por la Dignidad del pueblo canario que de eso se trata en estos momentos dada la continua burla de sus derechos más elementales. Por eso el 22 de marzo participaremos en la Marcha por la Dignidad a partir de las 11:00 horas desde el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife con la demanda de ¡PAN, TRABAJO, TIERRA Y TECHO!
Coordinadora de Colectivos Sanitarios y Sociales "Organizando la Marea Blanca"
Presentación del libro "Sobre la locura"
de Fernando Colina
27 de Febrero de 2014 a la 19:00 horas
Librería "La Central" del Museo Reina Sofía de Madrid Ronda de Atocha, 2 (metro Atocha)INTERVIENEN:
Fernando Colina - psiquiatra, Valladolid Mauricio Jalón - editor, Valladolid Pablo Molina - psiquiatra, MadridColabora: Asociación La Revolución Delirante
Presentación del libro "Hablando claro:: Una introducción a los fármacos psiquiátricos"
de Joanna Moncrieff
ORGANIZAN: Asociación Madrileña de Salud Mental y Herder Editorial
28 de Febrero de 2014
Salón de Actos - Hospital Santa Crisitina C/ Maestro Amadeo Vives, 2 (junta a C/O'Donnell) MadridLa AEN en el Parlamento Europeo
La Presidenta de la AEN, Eudoxia Gay Pamos, ha realizado la pasada semana una visita de trabajo al Parlamento Europeo junto con representantes de diversas asociaciones de mujeres, así como representantes del ámbito sanitario, jurídico, del trabajo social y político para defender los derechos de las mujeres y denunciar el retroceso que va a suponer en este sentido la reforma de la ley del aborto del Gobierno.
Entre los colectivos que han viajado a Bruselas, se encuentran representantes de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres, la Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Jóvenes, Mujeres Juristas Thermis y en el ámbito sanitario, representantes del Consejo General del Trabajo Social de España, Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otras.
Esta delegación ha sido recibida por el Presidente de la Delegación Española del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, el Vicepresidente, Enrique Guerrero y la Secretaria General adjunta, Iratxe García. También se ha mantenido un encuentro con el Presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Hannes Swoboda y con Presidente de la Comisión de la Mujer del Parlamento Europeo, Mikael Gustafsson.
Reunión Foro Salud Mental 21 Febrero 2014
El pasado 21 de Febrero se reunió el Foro de Salud Mental ante las circunstancias que suponen actualmente un riesgo para los logros habidos en el Estado en materia de derechos de los ciudadados en Salud Mental y atención sanitaria.
RESUMEN DE LA REUNION DEL FORO DE SALUD MENTAL
Comunicado Sociedades Profesionales de Aragón
Las sociedades profesionales de Aragón han emitido con fecha 5 de Febrero, un comunicado conjunto en relación con las declaraciones efectuadas por el Director de Planificación y Aseguramiento del Gobierno de Aragón sobre la reagrupación de centros de salud mental
Dicho comunicado ha sido publicado en la Cadena Ser y en El Periódico de Aragón, los días 5 y 6 de Febrero de 2014.
