La Asociación Española de Neuropsiquiatría pide mayor implicación de los gobiernos en la salud mental

La Asociación Española de Neuropsiquiatría ha pedido hoy que las administraciones públicas se impliquen más con las personas que tienen problemas de salud mental con un modelo «más solidario, cooperativo, en el que se articulen las políticas necesarias para favorecer la lucha contra el estigma y la discriminación».

Así lo informó hoy Francisco Rodríguez Pulido, presidente del XXV Congreso de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) al presentar la «Declaración de Tenerife» en este Congreso que se celebra estos días en la isla canaria.

Según Pulido, la enfermedad mental «no es sólo una cuestión de psiquiatras», sino un problema de todos, de familias y «de implicación de los gobiernos».

A juicio de Pulido, los recortes y la privatización representan otro modelo basado en servicios para la enfermedad, decidida en antemano en la oferta asistencial y sin tener en cuenta las necesidades de «la población y por lo tanto insolidario», subrayó.

Agrega que así el sujeto «con historia, valores y derechos es sustituido por el hombre mercancía».

El psiquiatra y presidente de este XXV Congreso dijo que está en juego el modelo de sociedad «en la que queremos vivir y creemos en una sociedad más justa donde prima la solidaridad, el compromiso y que haga posible satisfacer los derechos de la población».

La Declaración de Tenerife acordada hoy por la Asociación se resume en diez puntos en los que se configura un modelo de salud mental «participativo y comunitario» y se exige a las administraciones el apoyo «para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias».

Junto al presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría se encontraba la presidenta de la AEN, María Fe Bravo, y la que será elegida en breve en este cargo, Eudoxia Gay.

También estaban presentes en la mesa de la Declaración de Tenerife varios especialistas y colectivos de las diferentes comunidades autónomas, como la Confederación Española de Agrupaciones de Familias y Personas con Enfermedad Mental.

Todos coinciden en que los recortes en sanidad pública perjudicarán a la atención de los enfermos, pues lo que antes era una atención con unas condiciones generalmente ajustadas, ahora se minimizarán más.

«Insistimos en que se prioricen los sistemas de atención públicos a estas personas porque esto es un asunto de todos», añadió la presidenta de la AEN.

Uno de los puntos de la Declaración de Tenerife es concluyente al decir que la AEN, como organización, tiene como objetivo demandar a los gobiernos las políticas necesarias al respecto.

Coincidieron que las causas de cuadros de enfermedades mentales de diversa índole han aumentado con la crisis económica y la falta de empleo.

La financiación sanitaria y los gastos sociales «deben ser un derecho y un beneficio social y familiar», dice esta Declaración.

El XXV Congreso de la AEN ha tenido como lema «Subjetividad e Identidad. Discursos y Contextos» para abordar la enfermedad mental en la vida laboral, las acciones , principios y estrategias, y los trastornos mentales en la infancia y adolescencia.