El presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, Francisco Rodríguez Pulido,reclama la participación de los profesionales en el desarrollo de la norma.

Han pasado casi cuatro años desde que se aprobó la Ley de la Dependencia y en Canarias aún se está debatiendo el papel que cada una de las administraciones implicadas en su desarrollo -Servicios Sociales y Sanidad- van a desempeñar. La enfermedad mental grave es una de las patologías que queda bajo el paraguas de la dependencia pero los Consejos Insulares de Rehabilitación Psicosocial «carecen de información del desarrollo del sistema canario de atención y promoción a la autonomía», denuncia Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental.

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Según explicó Rodríguez a DIARIO DE AVISOS, «se ha constituido una comisión técnica donde los Consejos no participamos en la elaboración de los baremos cuando somos los que tenemos las competencias para la verificación a la atención a la discapacidad por enfermedades mentales graves».

En esta mesa, denuncia Rodríguez, no existen profesionales, «sólo una persona que representa a Sanidad y que es la que se encarga de trasladar todas las impresiones de los profesionales», independientemente del área de salud al que pertenezcan.

Para el especialista y también director del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial, esta situación es algo que «debe ser corregido» porque la experiencia desarrollada en los últimos diez años en el área de salud mental en Canarias, «los profesionales pensamos que tenemos experiencia suficiente y acreditada para estar presentes en ese desarrollo y más cuando mucho de nuestros usuarios se han acogido a ese sistema de dependencia».

Señala Rodríguez que el problema en el desarrollo de la Ley de Dependencia es que ésta presenta varios puntos críticos, siendo uno de ellos el de la gestión que la norma establece que pertenece a los Servicios Sociales «pero a su vez establece muchos mecanismos de cooperación con Sanidad, de forma que sin ambas no se entienden nos lleva a un problema grave». Rodríguez defiende el modelo cooperativo que representa el Plan de Atención a la Discapacidad (PAD) con el que hasta ahora se ha trabajado en Tenerife «todo lo que sea abandonar esa línea, es ir al modelo en el que cada departamento se convierta en un reino de taifas» destaca Rodríguez Pulido.

El presidente de la Asociación de Neuropsiquiatría insiste en que lo que les «preocupa» es que llevan «casi cuatro años de aplicación de la ley» y «todavía» están «comenzando a ver las aportaciones de los sanitarios a la ley de la dependencia» y recuerda que la filosofía de esta norma es la de promover una serie de servicios y lo que se está viendo es que «no se promueven nuevos servicios y lo que se hace es destinar prácticamente todos los recursos a las prestaciones económicas». Unas prestaciones que según explica Rodríguez «vienen recogidas dentro de la ley como una excepcionalidad».

«Es cierto que para muchas familias – continúa Rodríguez- esa prestación económica es una válvula de oxigeno a corto plazo pero a largo plazo se convierte en una bomba explosiva». Argumenta el psiquiatra que «cuando se tiene a una persona dependiente en casa, aunque ahora reciba el dinero, dentro de cinco años, cuando se ponga más grave, o cuando el cuidador no esté, lo que hay que ver es qué pasa con esa persona».

Rodríguez afirma que lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es tener previsto para la próxima década un plan financiero de servicios y desarrollo de la ley de dependencia, «porque habrá nuevos dependientes, nuevas demandas, se incrementará la población y todo eso tiene que estar previsto», concluye.