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Comunicado AEN sobre la Modificación del Código Penal

Desde el inicio de esta legislatura se está produciendo en todo el Estado, justificado en la necesidad de ajuste presupuestario para la reducción del déficit, una disminución de la inversión y en el mantenimiento de los servicios públicos en general y de los sanitarios en particular.
Como no podría ser de otra manera, este hecho afecta también a la atención a la Salud Mental. Estamos asistiendo a un doble reajuste. El relacionado con los recursos sanitarios y el relacionado con los recursos sociosanitarios destinados a la reinserción de los pacientes.
Paralelamente, se proponen modificaciones legislativas que merman derechos de protección a la salud, tanto al excluir a determinados colectivos de recibir una adecuada atención sanitaria, como los inmigrantes, como a tener que contribuir económicamente en el sostenimiento de los tratamientos en enfermedades crónicas en colectivos con escasos recursos económicos.
Pero asistimos en el área de la salud mental a otras actuaciones que nos devuelven a situaciones que creíamos ya superadas. Vuelve a estigmatizarse a los ciudadanos con problemas mentales, o simplemente a señalar a la salud mental, con disposiciones y leyes como si ésta necesitase un estatus especial que requiere medidas y consideraciones más allá de las necesarias para cualquier ciudadano.
Nos referimos a las propuestas en el borrador del Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, introduciendo nuevamente el concepto de peligrosidad ligado al trastorno mental y las propuestas sobre medidas de seguridad, posibilitando medidas de limitación de la libertad a sin límites claros. La Ley orgánica de protección de la vida del no nacido y de los derechos de la mujer embarazada, eliminando el ejercicio de la libre voluntad de decisión de la mujer y la obligación a someterse a exámenes para valorar la relación entre decisión y su estado mental presente y futuro. Y, por último, y afortunadamente retirado hace unos días, el borrador sobre Intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud pública, en el que se incluían algunos Trastornos Mentales como supuestos de riesgos para la salud pública en su punto 2.7., y que contaba con el respaldo de los responsables de la Coordinación de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Creemos que existe un planteamiento estratégico en algunos contextos del poder político, económico e incluso técnico dispuestos a retroceder a concepciones marginadoras, estigmatizantes y precientíficas sobre la salud mental y las personas afectadas, especialmente las más graves. Esto supondría hacernos retroceder en 50 años en mucho de lo conseguido hasta ahora, sin tener en cuenta además que sería ir en contra de lo que se ha aportado en el mundo en avances sobre el conocimiento científico de los trastornos mentales y las intervenciones necesarias para lograr que las personas afectadas puedan mejorar sus condiciones de salud mental, estando en condiciones de recuperar un proyecto de vida de calidad suficiente para integrarse sin estigmatización en el contexto social y cultural al que pertenecen.
Queremos en este bolentín volver a recordar esta circunstancia e insistir en nuestro posicionamiento, respaldado por los documentos cuyos enlaces os volvemos a facilitar. En especial, hacemos hincapié en el riesgo que la estrategia señalada pone en el incremento de medidas coercitivas hacia las personas con problemas de salud mental, como forma de justificar y no emplear una correcta dimensión de los recursos necesarios para su atención. Así ocurre, por ejemplo, con la insistencia en la implantación del Tratamiento Ambulatorio Involuntario.

Enlaces:

COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO PENAL. Grupo de Etica y Legislación AEN

ENMIENDAS AL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO PENAL. FEAFES

INTERVENCION SANITARIA EN SITUACIONES DE RIESGO PARA LA SALUD PUBLICA. Borrador del documento elaborado por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Noviembre 2013

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